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La realización de las dos fichas de visionado del vídeo suponen un primer acercamiento al contexto histórico. Para seguir en su profundización proponemos la siguiente actividad:

1.- Visiona la secuencia de la tienda de cordeleros (secuencia nä 4) y la secuencia de la radio en la casa burguesa (secuencia nä 10). Elabora un contexto histórico nacional e internacional a partir de las noticias de la radio y la conversación entre los tertulianos. Se trata de describir las condiciones que se daban en Europa y dentro de España que desembocaron en la Guerra Civil. Cualquier libro de texto o de divulgación puede servir para completar esta actividad.

2. CAMBIO SOCIAL

Los efectos de la difusión de las dos grandes innovaciones técnicas del siglo, la electricidad y el motor de explosión, hace que la industrialización se acelere, con su correspondiente concentración urbana y extensión de la población activa. A la oferta de trabajo en las industrias se suma la política de obras públicas y el auge de la construcción. Las migraciones interiores alcanzan niveles hasta entonces nunca conocidos. Por una parte se acelera cierta uniformización no sólo por el abandono de culturas regionales y locales sino también por el abandono de costumbres, usos y actitudes propias de oficios o de capas sociales.

En 1930, según el censo, la mayoría absoluta de la población activa había dejado de ser agraria por primera vez en la historia de España.

(Fuente: J.A. Lacomba, Introducción a la Historia económica de la España Contemporánea)

Las principales zonas de población industrial eran Barcelona, Vizcaya y Asturias, a las que seguían de lejos
Madrid, Sevilla y Valencia.

Tanto por su población activa como por su producción, España había dejado de ser un país netamente agrario, pero lo seguía siendo por el número de personas que habitaban en las áreas rurales (localidades de menos de 10.000 habitantes) y por la naturaleza de su comercio exterior (más de la mitad de las exportaciones españolas estaban compuestas por productos alimenticios: naranjas, aceite de oliva y almendras). A ello habría que añadir que las clases dominantes vivían una ideología todavía de "antiguo régimen", de sociedad agraria y, en cierto modo, señorial.

La población agraria era aproximadamente de 4 millones de personas, de las cuales la mitad eran obreros agrícolas (incluyendo en ellos a los que trabajaban habitualmente como asalariados aunque tuvieran una pequeña parcela de tierra), la otra mitad se distribuía más o menos a partes iguales entre arrendatarios o aparceros y pequeños y medianos propietarios. Muy por encima de ellos había unos miles de grandes propietarios o terratenientes, en cuyos más altos niveles de propiedad existía una relación muy estrecha con los grupos financieros de primer orden.

Esta oligarquía financiera estaba asimismo relacionada con la gran burguesía industrial, que poseía los únicos complejos fabriles existentes en el país y donde trabajaban la mayor parte de los obreros industriales. También existía una burguesía media, empresarios de tipo menor, con pequeñas industrias en las capitales de provincia.

El comercio, salvo contadas excepciones en las grandes capitales, era ejercido por pequeños comerciantes que trabajaban generalmente solos o con sus familias, habiendo pocos empleados asalariados.

Si a estos comerciantes que no emplean asalariados les sumamos otra serie de actividades como son: artesanos o trabajadores independientes, transportistas por cuenta propia, funcionarios y profesionales y técnicos diversos de empresas privadas, tendríamos como resultado la población activa perteneciente al conjunto de capas medias, es decir pequeña burguesía más el alto sector del conjunto asalariado que, según las estimaciones del historiador Tuñón de Lara, supondrían más de dos millones y medio de personas.

En cuanto a la clase obrera, según el censo de 1933, había 1.250.000 obreros de industrias y minas, 160.000 ferroviarios y 97.000 de otros diversos transportes, a los que hay que añadir unos 200.000 asalariados del comercio y todos los de banca, oficinas, espectáculos, hostelería, etc., que suman unos 150.000 más. Sin olvidar a las siempre olvidadas "chicas de servir" que aparecen censadas bajo el nombre de "servicio doméstico" en número de 360.000. Entre todos suman más de dos millones.

Si a ellos añadimos los otros dos millones aproximados de obreros agrícolas tendremos el conjunto de la masa obrera asalariada del país. A este grupo podemos denominar proletariado y, para completar su descripción, habrá que añadir los parados.

El paro forzoso fue en aumento durante la República. A causas económicas externas, crisis mundial, se sumaron otras relacionadas con la coyuntura política interna, negativa de los patronos agrícolas a realizar labores que no consideraban imprescindibles (como replica a las reivindicaciones y a la reforma agraria) y la falta de inversiones para la construcción.

El número de parados llegó a ascender hasta 600.000, de los cuales 350.000 estaban en paro total. Más del 60% de parados era del sector agrario, pero también el paro alcanzó importancia en la minero-siderurgía vizcaína donde pasaban de 25.000.

En cuanto a los militares, según el decreto de 25 de abril de 1931 había en las escalas retribuidas del ejército y de acuerdo con el Anuario Militar, 258 generales y 21.966 jefes, oficiales y asimilados. En la misma época la iglesia estaba formada por 32.207 sacerdotes y 103.974 religiosos de ambos sexos.

España 1930
Grupos de edad en años	Hombres (x10.000)	Mujeres (x10.000)
0 — 4	571	531
5 — 9	571	526
10 — 14	541	511
15 — 19	482	476
20-24	445	436
25-29	390	395
30-34	361	366
35-39	319	322
40-44	285	291
45-49	253	274
50-54	227	236
55-59	194	203
60-64	163	174
65-69	135	138
70-74	89	92
75 y más	51	56

Bibliografía

La destitución de Primo de Rivera por el Rey volvía a poner en torno al monarca la clave de la situación política. El restablecimiento de las garantías constitucionales trajo consigo la siguiente situación:
1ä) Un reforzamiento de las filas republicanas por los enemigos de la Dictadura. Entre 1927 y 1931 muchos liberales que antes abogaban por la restauración de la Monarquía constitucional se convirtieron en republicanos.

2ä) Un empuje revolucionario de las masas y de las organizaciones obreras con dos principales referentes ideológicos: socialismo y anarquismo. Para contrarrestar a las organizaciones obreras, algunos católicos habían promovido un sindicalismo cristiano que si bien fracasó en las ciudades tuvo implantación entre los pequeños agricultores.

3ä) Sólo la alta burguesía financiera, la aristocracia industrial y terrateniente, estrechamente vinculada con la corona y con la corriente católica tradicionalista, siguen apoyando la Monarquía.

La II República fue inevitable más por el descrédito y la bancarrota de la Monarquía que por la fuerza del movimiento republicano. Éstos eran partidos minúsculos reunidos más en torno a la figura de un dirigente político que por un programa claro o una fuerte organización. El nuevo régimen contaba con tres partidos republicanos de cierta importancia:

El Partido Radical, con sólida implantación en Levante y Andalucía. Los Radicales-Socialistas, aunque su organización era bastante amorfa se implantaron rápidamente entre capas medias, intelectuales, pequeños comerciantes, etc. Y Acción Republicana, que tenía personalidades de prestigio pero apenas organización. Estos partidos, que fueron el núcleo del primer gobierno republicano, no avanzaron mucho; únicamente el Partido Radical afianzó su sistema de comités locales siguiendo la consigna de Lerroux, "ampliación de la base de la República", encaminada a hacer de su partido el eje de la política de una burguesía media.

El Partido Socialista Obrero Español, fundado en 1897 por el tipógrafo gallego Pablo Iglesias, era el único partido sólido y estructurado contando con setenta y cinco mil afiliados. Integrado en la II Internacional había impulsado su federación sindical Unión General de Trabajadores (un millón de afiliados, casi la mitad en el sector agrario) y la educación de los obreros a través de las Casas del Pueblo, con sus bibliotecas con libros de ediciones populares sobre ciencia, mecánica y salud y sus reimpresiones de grandes novelistas como Tolstoi y Dickens. Ambas organizaciones, que habían permanecido en la legalidad y desarrollando una política reformista durante la Dictadura, sufrirán a lo largo de la II República un proceso de radicalización de sus bases. Este proceso se reflejaba en una dirección política dividida en dos corrientes, una más moderada representada en Prieto y otra más radical encabezada por Largo Caballero.

La Confederación Nacional de Trabajadores, fundada en 1911 y que llegó a contar con un millón de afiliados, se caracterizaba por la sencillez de organización. Siguiendo la doctrina anarquista de destrucción del estado centralizado, en la que el poder debía emanar de las entidades locales y no provenir del centro, agrupaba a todos los trabajadores de una industria determinada en un sindicato, no cobraban cuotas regulares, no pagaba salarios a sus dirigentes ni llevaban archivos o registros escritos. Además, había un ala del movimiento anarquista que creía en la eficacia del terrorismo individual. Durante la Dictadura, la C.N.T. había pasado a la clandestinidad y en esta situación se creó la Federación Anarquista Ibérica, fundada por militantes anarquistas más radicales, como Durruti o Ascaso, y que a lo largo de la República fue controlando la C.N.T. y orientándola hacia una táctica de lucha frontal contra los poderes establecidos. Un papel similar a las Casas del Pueblo socialistas lo desempeñaron en el ámbito anarquista los Ateneos Libertarios, como centros de reunión político-cultural y de difusión de publicaciones.

El Partido Comunista Español, creado en 1921 a partir de una minoría de militantes socialistas que propugnaban la unión a la III Internacional, fue logrando una importante progresión fundamentalmente en Andalucía y las zonas minero-industriales de Asturias y Vizcaya. En Cataluña estaba bien implantado el Bloque Obrero y Campesino nacido a su vez de una escisión del P.C.E. Ambas organizaciones crearon sindicatos obreros bajo su influencia pero que en ningún caso tuvieron la importancia de los socialistas y anarquistas.

Si bien el ámbito de actuación principal de las organizaciones anteriores era el laboral, hay que señalar la existencia de una organización estudiantil, la Federación Universitaria Española, con objetivos claramente políticos y antimonárquicos. Será en el seno de ésta donde los estudiantes socialistas y comunistas formen una dirección unida de la organización que supondrá el primer paso para el surgimiento de la Juventud Socialista Unificada, siendo uno de sus dirigentes Santiago Carrillo.

En Cataluña crecía vertiginosamente el nuevo partido de Esquerra Republicana, que dirigido por Lluis Compayns e implantado sobre todo en las clases medias nacionalistas tendrá la hegemonía en el parlamento catalán. También estaba la Lliga, netamente burguesa y conservadora, que apoyada en organizaciones empresariales logró aglutinar la derecha catalana. Por otra parte, existía la Unión Socialista de Cataluña en la que participaban numerosos militantes del P.S.O.E.

En Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino Arana, estaba bien implantado sobre todo en el campo y en las clases medias. Se fue distanciando del tradicionalismo y de una derecha que obstruía el camino hacia el Estatuto de Autonomía, tomando carácter de democracia cristiana. Al mismo tiempo mostró preocupación por los temas sociales y, apoyado en su central sindical Solidaridad de Obreros Vascos, participó más activamente en conflictos de clase adquiriendo mayor implantación.

En Galicia, en 1929 se había creado la Organización Republicana Gallega Autónoma que posteriormente se integrará en Izquierda Republicana. También en 1931 saldrá a la luz el Partido Galeguista que nunca llegará a tener gran importancia; el viejo caciquismo tenía sólidas raíces en la Galicia interior.

En cuanto al bloque que con la llegada de la República había sido desposeído de los centros de decisión política, la evolución más importante es la de Acción Nacional: Es un partido en el que coexisten católicos y monárquicos, defensor del orden social y la religión, que apoyándose por una parte en agrupaciones patronales, Unión Nacional Económica, y por otra en los cientos de miles de campesinos pobres y afiliados a la Confederación Católico Agraria será el embrión del partido de las clases económicamente dominantes durante los años de la República. En 1932 y bajo la presidencia de Gil Robles pasó a llamarse Acción Popular. Éste será la base de la construcción definitiva, en 1933, de la Confederación Española de Derechas Autónomas (C.E.D.A.) que se presenta como defensora del catolicismo, se opone a la reforma agraria y encabeza una campaña por la revisión de la constitución. En definitiva, representa la vía de acceso legal al poder para barrer lo que ellos llamaban revolución.

La derecha, en ruptura con la legitimidad republicana, estaba tan solo organizada en el Carlismo tradicionalista, con amplia base social en Navarra y algunas zonas de Levante. En diciembre de 1931, Alfonso XIII y el pretendiente Alfonso Carlos firmaron un pacto de unidad de todos los monárquicos "para salvar a su querida patria de los horrores del comunismo a que es conducida por los gobernantes ateos", constituyendo uno de los núcleos activos de conspiración contra la República con el objetivo de formar una "verdadera milicia nacional contrarrevolucionaria". Otro núcleo activo era las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas donde se habían reunido en 1931 pequeños grupos bajo la dirección de Onésimo Redondo, un católico de viejo cuño que había vuelto entusiasmado del nazismo tras una estancia en Alemania. Con la creación en 1933 de la Falange por José Antonio Primo de Rivera, ambos grupos se fusionan, si bien poseía un Sindicato Español Universitario (milicia de acción) e intentó sin éxito la creación de una Central Obrera Nacional Sindicalista, su propaganda fue preponderantemente ruralista.

Con la evolución de esta situación, y sobre todo tras la revolución de octubre de 1934, las fuerzas políticas se orientaron hacia la construcción de frentes electorales, viva imagen de la polarización social.

Por una parte se constituía el Bloque Nacional, capitaneado por Calvo Sotelo, que no quería ninguna componenda con la democracia sino conquistar el estado para hacerlo corporativo, unitario, reconociendo que "el ejército es la columna vertebral de la patria". Paralela y clandestinamente se desarrolla la Unión Militar Española, su objetivo político era coincidente con el de la C.E.D.A. "o nosotros acabamos con el marxismo o el marxismo acaba con España". El debate se centra en seguir la ruta legal personificada en Gil Robles o la ruta de la violencia propugnada por Calvo Sotelo. El resultado es un Frente Contrarrevolucionario entre la C.E.D.A., los Monárquicos y los Tradicionalistas. Por otra parte, la C.E.D.A. llegó a algunos acuerdos parciales con la Lliga, radicales y centristas. En cambio, fracasaron todas las negociaciones con la Falange, que será declarada ilegal tras las elecciones de febrero de 1936 y José Antonio Primo de Rivera encarcelado.

Por otra parte, se constituía el Frente Popular con un programa político que incluía los siguientes puntos: amnistía general, nueva puesta en vigor de la Reforma Agraria y del Estatuto de Cataluña, reforma de la Ley Municipal y Ley de Orden Público, impulso de la enseñanza, etc. El camino para la constitución de este frente iniciado en las Alianzas Obreras, agrupación local de sindicatos y partidos, se amplió cuando tanto P.S.O.E. como P.C.E. se orientan a una amplia concentración compuesta por todos los elementos y organizaciones que están dispuestos a luchar contra el fascismo y no estaban en las Alianzas: republicanos, intelectuales, pequeña burguesía, etc. Hasta última hora, los republicanos maniobraron para impedir un frente popular y limitarlo a una coalición republicana socialista, en resumen, se negaban a firmar un pacto con los comunistas.

En Cataluña se formó un Front de Esquerres y en Euskadi los nacionalistas del P.N.V. presentaron candidaturas aparte, a pesar de las presiones que recibieron por parte del Vaticano para que se integraran en el Bloque Nacional.

En cuanto a la C.N.T., desligada de todo compromiso electoral, seguía una carrera ascendente de reivindicaciones transformadas rápidamente en huelgas, aunque algunos de sus dirigentes aconsejaron votar, de lo que se benefició el Frente Popular.

Diccionario de Grupos Políticos y Sindicatos

Acción Popular: Organización política que defendía los derechos de la Iglesia contra la legislación laica.

Acción Republicana: Partido de Manuel Azaña, fusionado en 1934 con otros pequeños partidos y conocido desde entonces como Izquierda Republicana.

C.E.D.A.: Confederación Española de Derechas Autónomas; Federación de partidos derechistas agrupados en las Cortes bajo la dirección de José Mª Gil Robles, de signo católico.

C.N.T.: Confederación Nacional del Trabajo; federación sindical de los anarquistas.

Carlistas: Partidarios de la rama carlista de la familia real, que aspiraban a una monarquía tradicionalista y católica. Su nombre oficial era Comunión Tradicionalista.

E.A.J. — P.N.V.: Eusko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco; no monárquico y de inspiración católica.

Esquerra: Izquierda catalana, dirigida por Lluis Compayns y que por su carácter político se correspondía al partido de Azaña en Madrid.

F.A.I.: Federación Anarquista Ibérica.

Falange Española: De inspiración fascista, fundado y dirigido por José Antonio Primo de Rivera.

J.S.U.: Juventud Socialista Unificada; grupos juveniles socialistas y comunistas fusionados en
abril de 1936.

Lliga Catalana: Partido conservador catalán dirigido por Francisco Cambó.

O.R.G.A.: Organización Republicana Gallega Autónoma.

Partido Radical: Republicano, fundado y dirigido por Lerroux.

Partido Comunista: Alineado a la III Internacional, dirigido por José Díaz.

P.O.U.M.: Partido Obrero de Unificación Marxista.

P.S.O.E.: Partido Socialista Obrero Español; dirigido por Prieto y Largo Caballero.

P.S.U.C.: Partido Socialista Unificado de Cataluña; nacido de la fusión de los partidos socialista y comunista de Cataluña en la primavera de 1936.

Renovación Española: Partido monárquico alfonsino dirigido por Antonio Goicoechea y José Calvo Sotelo.

U.G.T.: Unión General de Trabajadores; confederación obrera de orientación socialista.

La conflictividad social de esta época refleja las transformaciones que se estaban produciendo en los dos ámbitos socioeconómicos en los que se polariza la vida del país: el ámbito agrícola y rural y el ámbito industrial y urbano.

La llegada de la República se vivió con la esperanza de que iba a ser un período que transformaría las relaciones de trabajo y de propiedad heredadas del pasado. A lo largo de la anterior década la producción agrícola había aumentado considerablemente debido al desarrollo de nuevas técnicas, abonos, maquinaria, etc. Esto había permitido una mayor productividad de los cultivos ya existentes así como la extensión de nuevos campos de cultivo. Sin embargo, este desarrollo no tuvo su correspondencia en una mejora generalizada de las condiciones de vida de los campesinos, en especial de los jornaleros.

Por ello, la conflictividad agraria, sobre todo en las provincias con mayor proporción de jornaleros (Sevilla, Cádiz, Córdoba, Badajoz,...), no tuvo apenas momento de pausa ni incluso al inicio de la República. Las huelgas tenían diversos motivos: situaciones de paro; que se hiciese efectiva la jornada de 8 horas; en otras ocasiones los afiliados a la C.N.T. se oponían a los Jurados Mixtos (que eran los comités elegidos por sindicatos y asociaciones patronales encargados de tratar las cuestiones de salarios y contratos de trabajo). Con frecuencia la represión fue dura, pues la casi totalidad de los aparatos coactivos y administrativos en el campo seguían dirigidos en el ámbito local por la clase dominante.

Todas estas aspiraciones del mundo rural se concretaban en el proyecto legislativo de Ley de Reforma Agraria, que era la más crucial de todas las cuestiones económicas e involucraba problemas sociales y económicos que variaban de unas zonas a otras. Si bien existían elementos técnicos ya realizados desde épocas anteriores (censo de propiedades rurales, planes de riego, etc.), las dificultades se presentaron a la hora de interpretar los datos y decidir acerca de lo que era socialmente conveniente. Los diferentes puntos de vista variaban desde los que se oponían a cualquier expropiación de propiedades privadas (Católico-Agrarios) hasta los que abogaban por soluciones colectivas (Socialistas y Anarquistas). Además, como hemos dicho, las características del mundo rural variaban mucho de una zonas a otras: diferencias en cuanto al tamaño de propiedad agraria (latifundio - minifundio), riqueza del suelo, etc.

Por todo ello, los conflictos agrarios, aunque tengan como referente el proceso de reforma agraria, van a tener variables propias según la zona de España en la que se produzcan.

En las provincias latifundistas, donde la mayor parte de la tierra estaba en manos de unos pocos terrateniente cuyos latifundios (fincas de más de 100 Ha.) eran trabajados por jornaleros, las huelgas fueron acompañadas de ocupación de fincas y cortijos y de frecuentes destrucciones de máquinas agrícolas. Por contra, los patronos agrícolas se negaban a cumplir las disposiciones de tipo laboral para la contratación por turno de los jornaleros, boicoteaban el funcionamiento de los Jurados Mixtos e incluso suspendían las faenas de la siembra.

En Navarra (Ribera y Zona Media) el conflicto se centra en las Tierras comunales y las llamadas Corralizas. Durante el siglo XIX fueron privatizadas en Navarra más de 100.000 Ha. pertenecientes a terrenos comunales (para cubrir gastos de las guerras carlistas, Desamortización Civil, etc.). Con la evolución de la técnica agrícola de la época, estas tierras que podían empezar a ser roturadas y puestas en cultivo ya no estaban en poder de los Ayuntamientos: Pertenecían a los corralizeros que habían comprado o usurpado los derechos sobre ellas, que inicialmente se referían al disfrute de hierbas y aguas para aprovechamiento ganadero. Ante esta situación las organizaciones campesinas, tanto jurídicamente como mediante la presión social, exigieron la vuelta al común de las tierras susceptibles de un aprovechamiento agrícola rentable.

En este contexto la Reforma Agraria va a seguir los pasos de los diferentes momentos políticos de la República:

Bienio Progresista (1931 - 1933)
Se aprueba la Ley de Bases de la Reforma Agraria que establecía un complejo sistema de tierras expropiables con indemnización.

Se crea el Instituto de Reforma Agraria con una asignación anual de 50 millones de pesetas, "algo más del 1% del presupuesto estatal y menos de la mitad de la suma destinada a la Guardia Civil".

Se aprueba la Ley de Términos Municipales, dirigida a proteger a los peones agrícolas locales y acabar con la emigración masiva de las familias sin tierra.

Se promulga el Decreto de Intensificación de Cultivos, por el que las tierras no cultivadas podían ser cedidas a los campesinos sin tierras por dos años agrícolas. Tuvo especial importancia en Extremadura ya que solucionaba el problema de los Yunteros, campesinos que carecían de tierras pero tenían en cambio animales de labor y aperos y solían labrar las fincas de los ganaderos.

Bienio Restaurador (1934 - 1935)
Tras las elecciones de Noviembre de 1933, y con el cambio de Gobierno, la situación en el campo fue empeorando: baja de salarios, aumento del paro y del coste de la vida, discriminación en la contratación de jornaleros, etc.

El nuevo Gobierno deroga la Ley de Términos Municipales. Ante ello, los sindicatos del campo, Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (U.G.T.) sobre todo, convocaron una Huelga General Campesina (5 de Junio 1934). El paro en las labores agrícolas alcanzo a 38 provincias, con mayor importancia en Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Valencia, donde la huelga se prolongó hasta el día 20. Durante la huelga se dieron enfrentamientos violentos con la fuerza pública así como actos de sabotaje. Todas las Casas del Pueblo y locales obreros de las localidades rurales fueron clausurados. Fueron miles los detenidos, muchos liberados semanas después, pero otros fueron juzgados por consejos de guerra y condenados a largas penas de prisión. Aprovechando esta situación, en la que las organizaciones campesinas habían quedado prácticamente desarticuladas, el gobierno aprueba una serie de leyes:

Ley de Arrendamientos Rústicos prohibiendo el acceso de los arrendatarios a la propiedad y favoreciendo por completo a los propietarios.

Ley de Contrarreforma Agraria un conjunto de obstáculos para que ningún propietario pudiese ser afectado por la expropiación.

Supresión de la Ley de Yunteros con la que todos ellos fueron expulsados de sus tierras..

Frente Popular (1936)
Uno de puntos del programa constitutivo del Frente Popular era la nueva puesta en vigor de la reforma agraria. Tras su triunfo electoral la rápida aplicación de la misma será un importante factor de conflicto. En estas condiciones, se produjo la movilización de una masa de trabajadores del campo que, tras ocupar fincas, comenzaron acto seguido su roturación y organizaron su explotación. El nuevo gobierno repuso las leyes de reforma y simplificó los trámites de expropiación. El Instituto de Reforma Agraria fue admitiendo las ocupaciones y enviando técnicos para organizar las explotaciones. Por otra parte, con la llegada de la recolección, aumentaron las reivindicaciones salariales, los patronos se negaban y declaraban estar dispuestos a "que el grano se pudra o se queme".

Como ya hemos visto, estos conflictos habían sido comunes a lo largo de la República. Si bien en este período adquieren mayor significado por la situación de permanente hostilidad entre las clases sociales debida a las transferencias en la propiedad rústica. Durante el gobierno del Frente Popular fueron expropiadas algo más de medio millón de hectáreas y distribuidas entre cien mil familias campesinas. Pero la realidad es que esta amenaza a la estabilidad del orden social vigente era limitada, ya que más de siete millones y medio de hectáreas comprendidas en latifundios mayores de quinientas hectáreas seguían en manos de los antiguos terratenientes.

En este ámbito hay que tener en cuenta la conjunción de dos elementos: por una parte las propias reivindicaciones laborales de los obreros industriales, mineros, construcción, servicios, etc., y por otra la peculiaridad de la ciudad, sobre todo las capitales de provincia, como centro administrativo y de la acción política.

Con la presencia en los primeros gobiernos republicanos de dirigentes socialistas (Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo; Prieto en Hacienda y luego en Obras Públicas) el movimiento obrero está a la espera de la actuación legislativa en el ámbito socio-laboral. A pesar de que en julio de 1931 se promulga el decreto de jornada de 8 horas, en todas las actividades laborales la conflictividad vuelve a reproducirse y, en primer término, allí donde hay mayor influencia anarquista y comunista.

Durante el primer bienio se produjeron ya importantes conflictos. En Sevilla se iniciaron una serie de huelgas en cadena de diferentes sectores laborales: metalurgia, cerámica, construcción, química, etc. Otro aspecto es la huelga general con la que la ciudad respondió a la intentona golpista del general Sanjurjo en agosto de 1932.

En Asturias y las cuencas mineras de Palencia y León: En relación con las crisis económico-industrial del carbón (baja calidad del mineral propio, importación de mineral inglés, competencia de nuevas fuentes de energía) y por recuperar la jornada de siete horas. En ellas comenzó a participar también el Sindicato Minero Ugetista.

País Vasco: En la zona de Bilbao por el descenso en la producción de acero debido al parón en el proceso de modernización y extensión de la red ferroviaria. En Pasajes, huelga de pescadores con marcha hacia San Sebastián.

Barcelona: Huelga metalúrgica que afecta a cuarenta mil obreros y paros continuos en los trabajadores del puerto, donde existía una pugna entre C.N.T. y U.G.T. por dirigir el movimiento obrero.

En este período, el conflicto de más alcance fue la huelga de Telefónica, que lanzada por la C.N.T. tuvo como consecuencia final la ruptura total del sindicato anarquista con el Gobierno republicano. La tensión de los conflictos obreros fue en aumento llegando incluso el Gobierno a prohibir las manifestaciones del 1 de mayo de 1932.

Tras las elecciones de 1933, boicoteadas por la C.N.T. y ganadas por la derecha, el sindicato anarquista comienza una amplia actividad de insurrección armada. El 8 de diciembre fueron estallando por todo el país focos revolucionarios dispersos que proclamaron el "Comunismo Libertario": Zaragoza (principal núcleo de la F.A.I.), Daroca, Calatayud, Villanueva de la Serena, etc. La intentona anarquista terminó con un centenar de muertos y más de 700 encarcelados, clausura de locales y suspensión de prensa.

El año 34 entró bajo el signo de la conflictividad. Las huelgas obreras empezaron a tomar alcance extraordinario y a ellas se unen otras movilizaciones de diferentes significado:

Antirrepresivo

Huelga general en Bilbao (febrero) contra la actuación de la fuerza pública después de un mitin comunista.
Huelga en Zaragoza (marzo) por la liberación de los apresados en el fracasado intento anarquista de diciembre.

Político

Huelga general en Madrid (abril) con la que las organizaciones obreras respondían a la concentración convocada por las Juventudes de Acción Popular (C.E.D.A.) en el Escorial.

Solidario

Con la huelga general campesina (junio), en Sevilla, Málaga, Jaen, Yecla, Cieza.

Autonómico

Tanto en Cataluña (junio) como en País Vasco (agosto) surgieron protestas ante la acción legislativa del gobierno central, que recortaba o invalidaba diversas leyes de los parlamentos autónomos.

Esta situación de conflicto generalizado, unida a los cambios en la situación política, va a encauzarse hacia la llamada Revolución de Octubre. El 1 de este mes, cuando se abren las Cortes, la C.E.D.A. exige su entrada en el gobierno. Para las fuerzas de izquierda esto significaba que lo que estaba en juego era la lucha contra la reacción y el avance del fascismo, la recuperación de la república y las libertades como cuestión previa para lograr una república social. El día 4 la participación de tres ministros de la C.E.D.A. en el nuevo gobierno de Lerroux es un hecho. Los partidos de izquierda y sindicatos obreros van a pasar a la acción. Pero el gobierno estaba prevenido (se habían hallado algunos depósitos de armas) por lo que aquella misma noche las tropas fueron acuarteladas. El día 5 el paro era general en todas las ciudades, teniendo diferentes características:

Cataluña

La insurrección obrera se mezcla con las reivindicaciones nacionalistas. Por una parte la C.N.T., que no secundaba el movimiento, se encontró desbordada pues los comités de Alianza Obrera ocuparon ayuntamientos (Vilanova i La Geltrú, Sabadell, Granollers) proclamando la "República Socialista Comunista Ibérica". Por otra parte, el gobierno de Cataluña (Lluis Companys) proclamó en la Generalitat el "Estado Catalán de la República Federal Española" declaración que aprobaron los ayuntamientos de Barcelona, Gerona y Lérida. Sin embargo, la actuación del ejercito dominó ambas situaciones.

País Vasco

Si bien en Bilbao la huelga fue pacífica, ésta tomó aspectos insurreccionales en la localidades obreras de la ría (Portugalete) y en la zona minera (Somorrostro) así como en Eibar y Mondragón, donde funcionaban los comités de Alianza Obrera. El poder local estuvo en manos de los obreros hasta el día 11 en que entraron las columnas militares. Además, huelgas y tiroteos se extendieron por Pasajes y San Sebastián.

Asturias

Es aquí donde más claramente el movimiento insurreccional, por su amplitud y logros, se puede considerar una Revolución Socialista. Los mineros asturianos, después de atacar los cuartelillos de la Guardia Civil en la zona minera y apoderarse de 40 de ellos, se dirigen hacia Oviedo. Al mismo tiempo, en Gijón, Avilés, Mieres, La Felguera, Sama y otras localidades, los obreros se organizan en comités y ocupan fábricas y barrios.

Otros

- La huelga paralizó Aragón, las ciudades y cuencas mineras andaluzas, León y Palencia. El paro fue general en Murcia, Valladolid, Santander, Reinosa y parcial en Sevilla, Valencia, y Alicante. Además, hubo actos insurreccionales aislados, con alzamientos armados que proclamaron la "República Socialista" como en Tauste, Riaño, Villarobledo, Villena, etc.

En Navarra apenas se había desarrollado la industria. Solía ser industria artesanal de productos de consumo básico, harina, jabón, madera, calcetines, boinas. En este caso taller de blanqueo de la cera. Pamplona

Bajo la dirección de un Comité, Unión de Hermanos Proletarios (U.H.P.), en el que estaban representados todas las organizaciones obreras, aquel movimiento, en el que más de 20.000 obreros lucharon armados, se convirtió en la primera revolución socialista en España. Durante dos semanas hubo centros decisorios de poder, milicias, administración, sistemas de transporte y abastecimiento, mantenimiento de la industria siderúrgica, conservación de las minas, organización de servicios sanitarios, etc., y con todas las funciones estatales básicas.

Sin embargo, aquel movimiento no pudo tener extensión al resto del país por dos causas principales. Una, el fracaso de su realización en Madrid donde, sin apoyo masivo, sólo reducidos grupos de combate trataron de ampliar la revuelta. La otra, la inmediata reacción del gobierno proclamando el estado de guerra en toda España. Con ello el gobierno legitimaba el uso del ejército, tanto regulares como legionarios, para sofocar el intento revolucionario.

El número de víctimas mortales del enfrentamiento y de la represión que le siguió fue superior a mil y los heridos a varios miles. A ello se añade más de treinta mil encarcelados y muchos más sometidos a represalias, expulsados de sus lugares de trabajo. Los tribunales dictaron sentencias de muerte y los pelotones de ejecución funcionaron en el mes de febrero de 1935. A pesar de la censura, la campaña por salvar a los condenados y a otros muchos revolucionarios fue muy amplia y tuvo como efecto la formación de un nuevo organismo, el Comité de Ayuda, que prefiguraba lo que luego será el Frente Popular.

Aunque parezca que la unidad de España se remonta al siglo XVI, en realidad es un largo y dificultoso proceso que va ocasionando continuos conflictos hasta nuestros días.

Tras la centralización borbónica del siglo XVIII, después de una guerra civil, la región vasconavarra aún conservará sus instituciones medievales.

En el siglo XIX se va a conocer un nuevo empuje centralizador. Surgen en Europa los movimientos nacionalistas de los grandes Estados, basados en la unificación de fronteras, idioma, moneda, fiscalidad única, mercado y la creación de los símbolos nacionales, himno y bandera. En España, con el triunfo del liberalismo, se dará un proceso similar: Desaparición de fronteras internas (se producirá el traslado de fronteras del Ebro hasta los Pirineos); unificación monetaria con la peseta; preeminencia del castellano; intentos de suprimir el régimen fiscal vasco; etc.

La finalización de las guerras carlistas se realizó mediante la negociación de la adaptación de los fueros vasconavarros al constitucionalismo. Así, surgirán las leyes de 1841 para Navarra y de 1876 para Vascongadas.

La Gamazada en Navarra o la Sanrocada en Guipúzcoa son ejemplos de resistencia a la uniformización hacendística. En esos años finales del siglo XIX, y en el entorno del carlismo en el caso vasco, se irán formando los partidos nacionalistas que reclamarán un nuevo concepto de Estado.

Los primeros años del siglo XX conocerán los primeros intentos de crear Comunidades Autónomas. Entonces se hablaba de Mancomunidades de Ayuntamientos siendo los catalanes quienes llevan la iniciativa. En 1913, el gobierno de Madrid aprueba la Mancomunidad de Cataluña.

La Dictadura Militar de Primo de Rivera acabó con este proceso, aunque los partidos nacionalistas fueron consolidándose desde la ilegalidad.

Tras la declaración de la República, la nueva Constitución reconoce la necesidad de dotar de Estatutos de Autonomía a las Regiones Históricas. En 1932, el gobierno de centro-izquierda conseguirá que el Parlamento Español apruebe el Estatuto de Cataluña.

Mientras tanto, en el Pais Vasco y Navarra, los distintos partidos políticos intentan ponerse de acuerdo para redactar un Estatuto Vasco. De la Sociedad de Estudios Vascos surgirá una primera propuesta, en el año 31, cuando todavía se está en un proceso constituyente.

El 14 de Junio, dos meses después de proclamada la República, los Ayuntamientos vascos de las cuatro provincias se van a reunir en Estella. Llegaron autobuses y camiones de todos los puntos del País Vasco. El alcalde de Estella, Fortunato Aguirre del Partido Nacionalista Vasco, contribuyó a la buena organización. Reunidos los alcaldes en el teatro de la ciudad, aprobaron por aclamación el Estatuto propuesto. Una reunión popular en la plaza de toros, permitió convertir en auténtica fiesta este intento de hermanación de las provincias vascas.

Son muchas las reuniones y discusiones que se suscitan desde entonces. La Diputación de Navarra, que estaba dirigida por una gestora de mayoría socialista-republicana nombrada por el gobierno de Madrid, prescindiendo de la reunión de Estella convocó una asamblea de municipios navarros para el día 10 de agosto de 1931. En dicha asamblea se preguntaba si optar por el Estatuto Vasco-Navarro, por un Estatuto sólo para Navarra, por no tener Estatuto o seguir con el régimen de 1841. El 89,8 % de los votos se manifestaron a favor del Estatuto Vasco-Navarro.

El Diario de Navarra, que era el periódico más vendido, comenzó una intensa campaña contra el Estatuto. Le contestaba la Voz de Navarra, vinculado al nacionalismo vasco.

La Constitución Republicana, aprobada en diciembre de 1931, dejaba al Estatuto confederal y confesional de Estella fuera de la ley.

En enero de 1932 se convoca nuevamente a los ayuntamientos navarros. Se trata de plantear un Estatuto según lo dispuesto en la Constitución Española. Ahora, el apoyo al Estatuto Vasco-Navarro se reduce al 64%, pero sigue siendo amplia mayoría.

La derecha liberal, con voz en el Diario de Navarra, había optado por continuar con el sistema acordado en 1841.

Los carlistas se oponían a todo lo que viniera de la Constitución Republicana, también al Estatuto.

Los nacionalistas vascos apoyaban con fuerza el estatuto único, pero comenzaban los recelos de las provincias vascongadas que veían cómo, por culpa de Navarra, se retrasaba el Estatuto Vasco.

Republicanos y socialistas, aunque estaban divididos, en las principales ciudades se posicionaban en contra del Estatuto. Unos porque no consideraban prioritario este debate, otros porque veían mal ir de la mano de los nacionalistas vascos a los que acusaban de separatistas.

El Teatro Gayarre de Pamplona fue lugar de cita para el refrendo del Estatuto de todos los ayuntamientos vascos el 19 de Junio de 1932. 123 ayuntamientos navarros votaron en contra del Estatuto Vasco-Navarro frente a 109, desechándose a partir de ahí la idea de unirse a las Vascongadas.

Éstas iniciaron su propio Estatuto que no sería aprobado hasta el año 36, debido al frenazo producido por la victoria de la derecha en las elecciones del 33. Navarra siguió con las instituciones previstas en la ley paccionada de 1841.

La Iglesia, tras las sacudidas del siglo XIX, había vuelto a la más estrecha alianza con el trono, cumpliendo su función legitimadora del poder restaurado en 1875 identificando los conceptos de religión y orden social. Era más que evidente que la Iglesia intervenía en política a través de diversas organizaciones: Acción Católica, Confederación Católico Agraria, Sindicatos Obreros Católicos, Federación de Estudiantes Católicos, Asociación Nacional de Maestros Católicos, etc. Y sus jerarquías no tenían inconveniente en identificarse con la derecha política y apoyar a la denominada Acción Nacional. Además, la Iglesia ejercía gran influencia en la vida pública a través de la enseñanza: Las congregaciones religiosas tenían a su cargo el 20% del alumnado de Enseñanza Primaria y más del 30% de la Enseñanza Media.

La proclamación de la II República produjo una inmediata prueba de buena o mala voluntad entre el nuevo régimen y la Iglesia Católica Romana. Los republicanos anunciaron su determinación de crear un sistema de Escuelas Laicas, introducir el divorcio, secularizar los cementerios y los hospitales, y reducir en gran medida, si no eliminar, el número de órdenes religiosas establecidas en España. Por su parte, el Vaticano no imitó el ejemplo de la gran mayoría de los gobiernos del mundo reconociendo rápidamente a la República. Los obispos aconsejaron la obediencia a las autoridades establecidas pero al mismo tiempo justificaron el que no se las reconociera, basándose en que el gobierno se denominaba a sí mismo "provisional" y que el Rey se había limitado a ausentarse de España, sin abdicar.

Mientras tanto, la Iglesia, ante el temor de ser despojada de sus propiedades por la República, buscaba la manera de vender, ocultar o sacar fuera de España los bienes y valores de las congregaciones religiosas. El gobierno respondió con un decreto prohibiendo la venta, transferencia o hipoteca de las propiedades eclesiásticas. Otro decreto del gobierno, del 6 de mayo, declaraba voluntaria la enseñanza religiosa, pero no la separaba de la escuela sino que seguía dándose dentro de ella.

En este clima se produce la llamada "quema de conventos": El 11 de mayo en Madrid y el 12 en otras provincias (Sevilla, Cádiz, Córdoba, Murcia, Valencia ...). Un centenar de edificios fueron incendiados total o parcialmente aunque no hubo ninguna víctima personal.

Por todo esto, no es de extrañar que uno de los conflictos más importantes en la elaboración de la Constitución fuese el relativo a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Dentro de estas relaciones uno de los aspectos principales era la pugna por crear un sistema de Escuelas Laicas.

El gobierno provisional había considerado que una de sus tareas más urgentes era la rápida expansión de las Escuelas Primarias del Estado. En 1931 el índice de analfabetismo se situaba en torno al 40% de la población total y aproximadamente la mitad de los niños no iba con regularidad a la escuela. Mediante el Programa de Construcciones Escolares, entre 1931 y 1933, se construyeron y pusieron en funcionamiento 7.000 escuelas. La mayoría de ellas, como correspondía a las características del país, eran Escuelas Rurales que contaban con una única aula. Para ello los municipios debían proporcionar los solares y ayudar en la construcción de los edificios. El gobierno central contribuía entre el 50 y el 75% de los gastos de la construcción y pagaba el sueldo del maestro una vez que la escuela entraba en funcionamiento. Para proporcionar los maestros necesarios se organizaron cursillos intensivos entre los adultos con título y se elevó el sueldo del maestro.

Paralelamente a este proceso, el Gobierno presentó el proyecto de Ley de Congregaciones Religiosas (otoño de 1932), por la cual los templos y monasterios pasaban a ser propiedad pública pero eran cedidos a la Iglesia para su uso. Se disponían severos controles sobre las congregaciones, las cuales se veían privadas de ejercer cualquier clase de enseñanza. Uno de los objetivos principales de esta ley era la disolución de los Jesuitas, congregación con gran influencia en la educación y con gran poder económico.

Si la ley era hostil a la Iglesia, la respuesta de ésta tuvo la misma hostilidad. Se habló de sacrilegio y se dieron instrucciones para una verdadera "guerra escolar", recordando a los padres la obligatoriedad de llevar a sus hijos a las escuelas católicas, lo que significaba un desacato a la ley. En las iglesias se lee una pastoral colectiva, apoyada por el Papa Pío XI, que era una llamada a la resistencia pasiva contra la aplicación de la Ley de Congregaciones y un enfrentamiento directo con el Gobierno republicano.

En muchas zonas rurales y algunas ciudades, los padres pusieron objeciones a la coeducación y cuando el gobierno ordenó que fuesen retirados los crucifijos de las paredes de las aulas, muchas familias respondieron haciendo que sus hijos llevaran grandes crucifijos colgados al cuello.

Esta disputa laico-religiosa se fue convirtiendo cada vez más en un lastre para el programa de construcciones escolares, el cual, después del primer impulso, se había ralentizado por razones de presupuesto. Además, con la polémica religiosa casi todo el mundo pareció perder de vista que el objetivo original del proyecto era proporcionar un mínimo de educación a todos los niños y niñas de España.

Con el cambio de gobierno (Bienio Restaurador) la ley de congregaciones fue ignorada y las escuelas de la Iglesia funcionaron normalmente. En 1934, las cortes votaron que se pagara aproximadamente los dos tercios de los sueldos de los sacerdotes (El artículo 26ä de la Constitución había anulado el presupuesto estatal para ese pago, quedando en manos de las contribuciones voluntarias de los fieles). También se aprobó una ley por la que se devolvía a las órdenes religiosas las propiedades que ya les habían sido confiscadas.

Durante el año 34, el ministro de Instrucción Pública, aunque disponía de presupuestos reducidos, continuó edificando escuelas primarias en los pueblos y ofreciendo ayudas a los municipios para la construcción de viviendas para los maestros. La C.E.D.A. le acusó de promover la educación laica y fue sustituido a finales de aquel año. Durante el año 35 se redujo el presupuesto para la enseñanza pública con lo que la construcción de escuelas fue suspendida.

Con el triunfo electoral del Frente Popular volvió al cargo de ministro de Instrucción Pública Marcelino Domingo, que lo había sido durante el gobierno provisional. Restableció la coeducación, que había sido repudiada durante el segundo bienio, y reanudó el programa de construcciones de escuelas. Aunque en relación con esto volvió a presentarse el problema clerical, tanto Iglesia como el gobierno querían evitar la reavivación de las pasiones anticlericales de 1931. Durante la Semana Santa el gobierno envió policías para proteger las iglesias que los anticlericales amenazaban con quemar. Por su parte, la Iglesia evitó hacer declaraciones políticas y el Vaticano aceptó al embajador del gobierno republicano que se había negado a recibir en 1931.

Las escuelas de la Iglesia funcionaron normalmente durante la primavera, pero el 20 de mayo se les ordenó que cerraran. El gobierno declaró que hacía esto para evitar que fueran incendiadas, explicación con la que se reconocía la creciente oleada de los sentimientos anticlericales y la propia incapacidad del gobierno para controlar la situación. Los exámenes finales fueron suspendidos y los padres católicos enviaron al gobierno numerosas cartas de protesta.

En los últimos doscientos años, el proceso de emancipación de la mujer ha tenido grandes avances pero al mismo tiempo fases de retroceso. Uno de los ejemplos más significativos de ese doble camino lo encontramos en plena Revolución Francesa. En ella, miles de mujeres se unieron para forzar las puertas de Versalles y Olimpia de Gouges en 1791, en la "Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana" (paralelo femenino de la "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano" de 1789), afirmaba entre otras cosas que "si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, también lo tiene a subir a la tribuna". Frase premonitoria, pues Olimpia de Gouges fue guillotinada acusada por sus antiguos correligionarios de ser "una conspiradora que había abandonado las virtudes propias de su sexo".

Desde mitades del siglo XIX, y fundamentalmente en los países occidentales, va a ir forjándose lo que conocemos como Movimiento Sufragista. Su reivindicación fundamental es el derecho a voto, pues pensaban que el voto les permitiría entrar en la política y ésta les abriría las puertas de la transformación del papel social de las mujeres, en definitiva, que les llevaría a la igualdad de derechos con los hombres.

Desde inicio del siglo XX el Movimiento Sufragista había ido consiguiendo el derecho a voto para las mujeres en algunos países. En España la situación era la siguiente:

En 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera, se reconoció el derecho a voto de las mujeres solteras y viudas, excluyendo del mismo a las casadas (ya que éstas podían ejercerlo contra su marido).

En abril de 1931 se proclama la República. El Gobierno Provisional de la II República concedió el voto sólo a los hombres mayores de 25 años, pero determinó que podían ser elegidas diputadas también las mujeres. En las Cortes Constituyentes de 1931 fueron elegidas tres diputadas: Clara Campoamor del partido Radical, Victoria Kent del partido Radical Socialista, ambas por Madrid, y Margarita Nelken del partido Socialista por Badajoz. Fue Clara Campoamor quien defendió la propuesta del derecho a voto femenino ante el congreso y, a pesar de las discrepancias que suscitó, acabaría triunfando la propuesta sufragista con 160 votos a favor, 121 en contra y 188 abstenciones, que se materializó en la siguiente redacción del Artículo 36ä: "Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes".

	En los años 30 muchas mujeres destacan en el mundo de la intelectualidad. En la fotografía "La Argentinita" escribió libros sobre el folklore español.
	La derecha política también organizó a las mujeres para defender los valores tradicionales de la familia, como las "Margaritas Carlistas", mujeres falangistas uniformadas y en formación militar. Plaza del Castillo, Pamplona.

Ni en España ni en ningún otro país el derecho a voto de las mujeres fue un regalo, sino el triunfo conseguido tras una larga y dura lucha. Tampoco fue el reconocimiento de algo natural, muy al contrario, se defendieron con gran fuerza todo tipo de argumentos biológicos, históricos y culturales para negar a las mujeres éste y todos sus derechos.

Sin embargo, la II República se caracteriza por ser un período en el que las mujeres irrumpen activamente en el mundo del trabajo y la educación al tiempo que exigen sus derechos laborales, civiles y políticos. En este campo podemos destacar dos nombres: Dolores Ibarruri, diputada comunista y Federica Montseny, anarquista, que será la primera mujer que ocupe un cargo de ministra en la historia de España (1937).

Ya la Constitución de 1931 había garantizado una serie de derechos, con un marcado carácter progresista, que generaron una legislación específica en los años posteriores:

Artículo 25ä: Igualdad ante la ley.

Artículo 40ä: No discriminación en puestos oficiales y cargos públicos.

Articulo 43ä: Secularización del matrimonio.

Articulo 46ä: Protección de la mujer en el trabajo.

Todo ello tiene como consecuencia el logro de importantes innovaciones en favor de la mujer: La desaparición de la patria potestad; la supresión de la reglamentación sobre la prostitución; la posibilidad de ser tutoras y administradoras de sus propios bienes; o la protección de la maternidad en la legislación laboral. Derechos éstos que fueron denegados posteriormente con la llegada de la guerra civil y el franquismo. A partir de 1939 se impuso un modelo de sociedad en la que la mujer tenía un papel secundario y pasivo, como complemento del hombre.

Un indicador de este movimiento lo encontramos en el inicio del asociacionismo femenino. Señalamos dos ejemplos:

Emakunde Abertzale Batza - Asociación de la Mujer Patriota

Surgida en Bilbao en 1922 reanudó su actividad con la II República. Sus objetivos estaban determinados por el lema Jaungoikoa eta Lagi-Za´a (Dios y Fueros), nacionalismo y religión como telón de fondo. Las mujeres nacionalistas tenían ciertas limitaciones según sus reglamentos. Una de ellas se refería a los "medios a utilizar", los cuales debían estar en "consonancia con su sexo". Otra, respecto a las actividades a realizar, que eran de carácter social, religioso, cultural y benéfico. No se hacía ninguna mención a la política, ni pretendían cambiar el destino de las mujeres, ni su cometido, ni su papel social basado en la defensa de la familia tradicional, pero, sin duda, las Emakumes significaron en el contexto del País Vasco una fuerza que movilizó conciencias, ayudó a que ciertas mujeres se sumaran al movimiento político y cultural y descubrieran que el mundo no estaba de puertas adentro, pues se identificaban con el derecho a la educación y al trabajo de las mujeres y defendían el movimiento sufragista.

Mujeres Libres

Asociación de mujeres libertarias creada en abril de 1936. A pesar de ser una agrupación sólo de mujeres, pues pensaban que las mujeres tenían problemas específicos que ellas tenían que afrontar, nunca separó la problemática de éstas del proceso de cambio social. Sus posturas eran las siguientes:

• La emancipación de la mujer está vinculada a su independencia económica.

• El trabajo asalariado no era un monopolio masculino, a pesar de que muchos obreros recelaban de la incorporación femenina a la producción.

• Consideraban que la maternidad, en contra de los criterios que prevalecían en el entorno, era una posibilidad más que las mujeres tenían para realizarse.

• Creían en la libertad sexual, pero sospecharon que los compañeros no entendían por "amor libre" lo mismo que las mujeres.

• Consideraban la prostitución como un problema social y se preocuparon de ella a través de centros de reinserción.

Fechas de obtención del derecho al voto de las mujeres

Nueva Zelanda	1893	Francia	1945
Noruega	1913	China	1947
U.R.S.S.	1917	Israel	1948
Alemania	1918	India	1949
Gran Bretaña	1918	Japón	1950
Estados Unidos	1920	México	1953
España	1931	Egipto	1956
Italia	1945	Suiza	1971

Fechas de obtención del derecho al voto de las mujeres

Nueva Zelanda	1893	Francia	1945
Noruega	1913	China	1947
U.R.S.S.	1917	Israel	1948
Alemania	1918	India	1949
Gran Bretaña	1918	Japón	1950
Estados Unidos	1920	México	1953
España	1931	Egipto	1956
Italia	1945	Suiza	1971

La primera mitad del siglo XX incorporará, a los ámbitos de poder, los medios de comunicación. La tecnología y la incorporación de las masas a la participación política facilitan que se vayan diversificando los medios de la opinión pública.

1. La Prensa

Los periódicos están muy ligados a los orígenes de la formación de la opinión pública. Para eso, era muy necesario que fuera creciendo la población que sabía leer. Este proceso es muy lento en España y se localiza principalmente en las ciudades. La mala organización en los sistemas de Educación Básica generará una permanencia del analfabetismo durante el siglo XX.

Aún así, en el siglo anterior, va a ir creciendo el número de publicaciones periódicas. Madrid, Barcelona y las capitales de provincia tendrán varios periódicos, con muy pocas hojas, y normalmente muy vinculados a los partidos políticos. Será, a principios de siglo, cuando vayan surgiendo publicaciones con un neto carácter empresarial: "El Sol", "ABC", "El Debate" o "La Época", son algunas de las cabeceras más importantes de los años 30 en Madrid; todos ellos apoyaban a los partidos de derecha, incluso alguno como el ABC era claramente antirrepublicano. Otros periódicos tienen un carácter claramente partidista, como "El Socialista" (P.S.O.E.) "Solidaridad Obrera" (C.N.T.), editado en Barcelona, o "Mundo Obrero" (P.C.E.).

En Navarra, de la misma forma, las publicaciones se van a ir profesionalizando. Cada grupo de opinión querrá tener la suya, aunque, como es lógico, los partidos obreros, con muy pocos recursos económicos, se tendrán que conformar con hojas de distribución reducida.

Estas son las publicaciones de mayor incidencia en los años 30 y sus características ideológicas.

El Pensamiento Navarro (1897-1981) Carlista.

La Voz de Navarra (1923-1936) Nacionalista vasco.

El Diario de Navarra (1903) Liberal y antirrepublicano, es muy conocida su campaña en contra del Estatuto Vasconavarro.

La Tradición Navarra (1894-1932) Católico-Integrista.

La Merindad Estellesa (1916-1937) y otras cabeceras comarcales contaron con revistas más o menos estables que intentaban recoger las noticias locales, era prensa menos política.

La radio en España se irá expandiendo a lo largo de los años 20. Un Real Decreto de la Dictadura autoriza la creación de emisoras de radio e impone la censura. En principio, serán Madrid y Barcelona las ciudades desde las cuales se emita para toda la península. Emisoras como Radio Ibérica (Madrid 1923), Radio Barcelona-EAJ 1 (1924) y fundamentalmente Unión Radio-EAJ 3 (Madrid 1925), serían las encargadas de llevar a los hogares de la burguesía la música y la actualidad del país y del mundo. Más tarde, en los años 30, se darían cuenta de la importancia de la radio como difusora de ideas políticas. Radio España (Madrid), Radio Club Sevilla o Radio Nervión (Bilbao) van aumentando geográficamente el ámbito y por tanto el número de oyentes. Es entonces cuando aparecen las primeras emisoras navarras: Tras la primera intentona de Radio Muskaria en Tudela, en Pamplona se crea Radio Navarra-EAJ 6. La libertad de expresión del período republicano favoreció una abundante participación del mundo cultural navarro. La escasez de aparatos de radio obligaba a audiciones colectivas. Tras la guerra, EAJ-6 pasó a manos de los carlistas que la llamaron Radio Requeté; sometida a una férrea censura, sobrevivió con ese nombre hasta la caída de la dictadura franquista.

3. El Teléfono

Desde la llegada del teléfono a España nos encontramos con problemas parecidos a los de otros medios de comunicación que necesitan de alta tecnología del momento y grandes inversiones. La política liberal del siglo XIX permitió las inversiones privadas extranjeras que, a su vez, aportaban la tecnología alemana o estadounidense principalmente.

En un inicio se van desarrollando las redes urbanas en las principales ciudades. En 1908 existen 60 redes urbanas explotadas por particulares y 11 que ha desarrollado el Estado. Cataluña, región industrializada, destaca por la evolución de sus redes telefónicas incluyendo una red interurbana que abarca todo el Noroeste peninsular. En ese año se producen algunas novedades legislativas que permiten ir coordinando el crecimiento de las líneas. Además, el Estado se propone construir unas redes internacionales (Madrid-Irún y Zaragoza-Port-Bou).

Caso curioso es el de San Sebastián que consigue una licencia para la creación de una red autónoma que luego conectó con la del Estado. Utilizó alta tecnología extranjera, en este caso sueca, de la marca Ericsson.

El Cuerpo de Telégrafos se movilizará para forzar al Estado a adoptar una política más activa. En 1916 llegarán a comprar la red urbana de Valdepeñas cediéndola al Estado, después de demostrar la rentabilidad del servicio público. Son años de inoperancia política que no es capaz de dar salida a las iniciativas de sus cuadros técnicos. Tendrían una nueva oportunidad en 1921, tras caducar la concesión de Barcelona. Esa red había quedado totalmente desfasada y la incautará el Estado adjudicando su gestión al Cuerpo de Telégrafos que la modernizará con éxito.

La llegada de la Dictadura de Primo de Rivera coincide con un avance de la intervención del Estado en la economía. Esta nueva orientación tendrá pronto consecuencias. Como en el caso del petróleo, se creará un monopolio en favor de la recién fundada, en 1924, Compañía Telefónica Nacional de España (C.T.N.E.). Contaba con gran parte de capital privado y se irá quedando con todas las redes a medida que vayan caducando sus concesiones. La I.T.T. norteamericana será la gran beneficiada pudiendo controlar a la C.T.N.E. Para los años treinta, España ya está comunicada con los principales países del mundo y tiene conectadas las capitales de provincia. La automatización de las llamadas va a llevar a una centralización en Madrid para lo cual se construirá el famoso edificio de la Gran Vía madrileña.

En 1926 se constituirá una empresa importante relacionada con el mundo de las comunicaciones, se llamó Standar Eléctrica S. A. y modernizó la catalana Compañía de Teléfonos Bell. La innovación consistió en fabricar y montar en España aparatos y equipos telefónicos.

El servicio automático de Pamplona se inaugurará en diciembre de 1927, instalándose allí una central automática. En 1931 la Diputación Foral firmará un convenio con la Compañía Telefónica para la extensión del teléfono a 108 pueblos de Navarra.

Con la llegada de la II República se intentará recuperar el papel del Estado en el control estratégico de las comunicaciones. El gobierno de centro-izquierda (Republicano-socialista), presidido por Azaña, denunciará los privilegios concedidos por la Dictadura a la multinacional I.T.T. Sin embargo, la falta de una estabilidad política y el conflicto armado, apenas posibilitarán cambios importantes. Acabada la guerra, otra nueva dictadura nacionalizará la C.T.N.E., indemnizando ampliamente a los accionistas extranjeros.

Desde el inicio de la construcción de los tendidos de ferrocarril en España se optó por las concesiones. La falta de capital peninsular provocó que fuera el dinero proveniente de Francia, Bélgica o Inglaterra el encargado de financiar las primeras líneas. El capital privado buscó los trayectos más rentables, desentendiéndose del resto. Se formaron dos grandes compañías que competían entre sí por hacerse con los recorridos entre grandes ciudades y centros industriales y de negocios. El triángulo Madrid, Barcelona, Bilbao-Irún (frontera con Francia) era el más disputado.

La Compañía de Ferrocarriles del Norte y La Madrid-Zaragoza-Alicante se repartieron este mercado. La unión de la siderurgia bilbaína con la industria textil de Barcelona correspondió a la primera que, poco a poco, desplazó a MZA de la zona norte. La red principal se formaba de dos grandes líneas: Barcelona-Zaragoza-Tudela-Vitoria-Bilbao y Madrid-Miranda de Ebro-Alsasua-San Sebastián-Irún. Más tarde se conectó Pamplona a través de Castejón-Tudela por el sur y de Alsasua por el norte.

Con la dictadura de Primo de Rivera en los años 20 se inicia un proceso de mayor intervención del Estado. El término de las concesiones del siglo anterior coincide con un momento de gran crisis en las empresas del Ferrocarril que se quieren deshacer de sus compromisos en España. Tras la guerra civil, siguiendo los principios fascistas del régimen de Franco, se estatalizan todas las líneas creándose R.E.N.F.E.

A principios de este siglo se van desarrollando redes locales de ferrocarril en zonas donde el capital extranjero no tiene preferencia por entrar. Suelen tener una función específica y están ligados a decisiones políticas de Diputaciones, etc.

El Irati

Con el fin de dar salida a la madera pirenaica navarra, se construyó este ferrocarril que salía de La Taconera, en Pamplona, y llegaba hasta Sangüesa, con una derivación a Aoiz. Atravesaba la Foz de Lumbier donde todavía quedan recuerdos de su paso.

Se inauguró en 1911, era eléctrico y transportaba pasajeros y mercancías, principalmente madera. Su origen se debe a una iniciativa de capital navarro repatriado de una fortuna americana, Domingo Elizondo y la asociación con otros emprendedores navarros como Serapio Huici (Cementos Portland, Aguas de Arteta) o Ciriaco Morera. Además del ferrocarril, la empresa El Irati se dedicaba a la destilería, producción de hidroelecticidad y madera. La competencia con el transporte de carretera provocó su desaparición en 1955.

El Vasco-Navarro

Tras varios intentos frustrados de fomentar la construcción, por parte de Diputación, de la línea Pamplona - Logroño, se iniciará en los años veinte la conexión de Estella a la red principal a través de Vitoria. Se potenciaba de esta manera el transporte en una de las zonas de la Merindad más pobladas. En un primer momento era de vapor, electrificándose muy temprano. Se inauguró en 1927 y contaba con estaciones, puentes y túneles de gran calidad (el puente de Arquijas, que aparece en la película, tiene 30 metros de altura). En Vitoria enlazaba con los ferrocarriles de vía estrecha vascongados. La construcción y explotación fue dada a la Compañía Anglo-Vasco-Navarro Limited. Incorporado a la Red de Ferrocarriles de Vía Estrecha (F.E.V.E.) del estado desapareció en 1967 por baja rentabilidad.

Plazaola (Pamplona-San Sebastián)

De origen minero, el nombre se lo dan las minas de hierro de Plazaola, en Guipúzcoa. En 1914 se inaugura la línea que llega hasta Pamplona y que desde Plazaola se prolonga por Lasarte hasta empalmar con la red de los ferrocarriles vascongados, lo que permite llegar a San Sebastián. En principio era de vapor pero a partir de 1929 se le dotaron de máquinas diesel. Desapareció en 1953 por la poca rentabilidad y los daños de una fuerte riada.

El Tarazonica

Inaugurado en 1885 y propiedad de la Compañía del Norte unía Tudela con Tarazona. Pasaba por las estaciones de Murchante, Cascante, Tulebras, Malón y Tarazona, 22 kilómetros en total. Su desaparición fue en el año 1971.

Los ferrocarriles vascongados

Otros ferrocarriles de trayecto corto, como el Urola, se fueron uniendo en lo que se llamó ferrocarriles vascongados y que incluso se comunicaron, como hemos visto antes, con la línea Vitoria-Estella.

A principios del siglo XX el coche de gasolina sustituirá rápidamente a los de vapor. Será la industria francesa (Peugeot) la que más iniciativa demuestre en el primer momento. Los alemanes intentarán coger el testigo (Mercedes, Daimler o Benz), sobre todo con la invención del motor diesel de gasoil. La industria inglesa con Rolls Royce y la americana con Ford, seguirán de cerca a los otros países industrializados. También Italia con la producción en ciudades como Turín y Milán desarrollará una tecnología propia con marcas como Fiat, Issota o Italo.

El avance de este tipo de automóviles es muy rápido, al que se unen pronto camiones y más tarde autobuses. El nuevo tipo de transporte va a exigir grandes inversiones en construcción de carreteras. Se formarán asociaciones de amigos del automóvil, como la R.A.C.E. (Real Automóvil Club de España) que entre sus funciones, en un principio, estaba la de señalizar los caminos. Un gran desarrollo de las líneas de autobuses de transporte se produjo en los años 20. Es cuando en Navarra se crean las principales empresas que todavía existen hoy: La Estellesa, La Baztanesa, La Montañesa, etc. Hasta 21 líneas distintas funcionaron por las carreteras navarras. En 1928, con el fin de dar servicio al transporte urbano y de cercanías de Pamplona, aparecerá "La Villavesa".

De entre las empresas de automóviles que van surgiendo en España solo perdurará una con gran calidad: La Hispano-Suiza, que tenía su sede en Barcelona y tuvo que competir en el mercado español con una gran parte de las marcas europeas. Se dedicó a construir coches y camiones. Tras la guerra, el franquismo presionó mucho para hacerse con todas la factorías y patentes. De ahí surgirían las empresas estatales del INI, S.E.A.T. para coches y Pegaso para camiones.

La llegada de la República impactó de una manera especial en el ejército español pues los militares estaban acostumbrados a intervenir en política. Los pronunciamientos del siglo XIX o la intervención de Primo de Rivera en la dictadura de los años 20, unido al crecimiento de las ideologías partidarias de militarizar la sociedad, como el fascismo de Italia o el nazismo en Alemania, animaba a los militares a creerse en la obligación de intervenir en política.

Curiosamente, la II República viene precedida de un pronunciamiento militar a su favor. Fermín Galán, capitán destinado en Jaca, se sublevó el 12 de diciembre de 1930 cuatro meses antes de la proclamación republicana. Su gesto fracasó y fue fusilado.

A partir del 14 de abril y sin dar ninguna oportunidad, grupos de militares y paramilitares se organizan y conspiran contra la República.

En la tarea legislativa del nuevo régimen democrático se encuentra la de modernizar el ejército. Todavía eran recientes los fracasos profesionales en las guerras de Cuba y Marruecos. Había un exceso de oficiales (más que en el ejército francés después de la 1ô Guerra Mundial), además, una serie de instituciones interferían con el poder civil como las Capitanías Generales o el Consejo Superior del Ejército. Manuel Azaña, Presidente del primer Gobierno y Ministro de Defensa, de ideología centrista, fue el encargado de adaptar el ejército español a las estructuras de ejércitos democráticos europeos.

La reacción militar no se hizo esperar. En 1932, y encabezado por el General Sanjurjo, se intentó un primer golpe militar contra el Gobierno constituido. Sanjurjo y otros oficiales fueron detenidos y condenados. El Gobierno posterior, de Centro-Derecha, indultaría las penas. Sanjurjo se exilió en Portugal desde donde preparó el Golpe del 36. De todas formas, como la sociedad, el ejército español estaba muy dividido. Dos agrupaciones conspiradoras participarán en el golpe de estado que desembocó en la guerra: La U.M.E., Unión Militares Españoles que fue adquiriendo un carácter fascista y la Junta de Generales. Frente a ellos la U.M.R.A. reunía a los militares claramente republicanos.

El gobierno del Frente Popular intentó apartar a los principales cabecillas golpistas a puestos lejanos de los centros de decisión. Así, enviaron a Franco a Canarias y Mola a Pamplona. Las principales ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao, incluso Sevilla estaban bien controladas por militares leales al poder constituido por las urnas. Así se vio después de la sublevación donde sólo Sevilla pudo ser tomada.

El Golpe de Estado estaba dirigido por el exiliado en Portugal, Sanjurjo, y contaba con un dirigente interior: el General Mola. Franco, de gran prestigio entre la derecha por su dura represión de la revolución de Asturias, era utilizado como Mola: realizó constantes contactos con otros generales o altos mandos para coordinar la sublevación. Mola fue también el encargado de coordinar a grupos paramilitares como carlistas o falangistas. Entre las reuniones de última hora, una se dio en el Monasterio de Irache, cerca de Estella. Allí se reunió con Batet responsable de la capitanía de Burgos para fijar la fecha del golpe para los días 18 y 19 de Julio.

Enterado el Alcalde de Estella, Fortunato Aguirre, envió a la policía municipal y a algunos militares del cuartel de Estella. Aunque comunicó esta situación al Gobierno de Madrid, no consiguió la autorización para detener a los reunidos. La escolta de estos últimos estaba muy armada con lo que no sabemos qué hubiera podido suceder. La tensión era tan grande que incluso estuvieron a punto de enfrentarse las escoltas de ambos mandos. Unos días más tarde, los españoles se desangraban abortando un nuevo intento de conseguir la libertad y la democracia.

Como todas las guerras, la civil española provocó destrucción, muerte, desplazados y exilio. La sociedad española se desintegró en uno de los momentos de más creatividad de su historia. Pero a los muertos producidos directamente por la guerra hay que añadir la tortura y muerte de miles de personas víctimas de la represión política. En ambos bandos la intolerancia ideológica no permitió la existencia del adversario. Incluso el fin de la guerra no pudo suponer la finalización de la represión. Miles de prisioneros esperaban su turno para ser asesinados en juicios sin ninguna garantía.

Navarra sufrió fundamentalmente la represión del bando sublevado-fascista. Las víctimas se encontraron en todos los pueblos de la geografía navarra. Se persiguió a los nacionalistas vascos, a los grupos de izquierda (U.G.T., C.N.T.), a los republicanos, etc.

Por destacar algunos de los casos más conocidos señalaríamos la destrucción del colectivo de cenetistas de Allo o de los socialistas de Sartaguda. Muchos profesionales progresistas muy señalados en el mundo rural, como médicos o maestros, fueron asesinados por ser republicanos y no distinguirse en las prácticas religiosas. En Pamplona se hizo tristemente celébre el monte San Cristóbal, prisión de sindicalistas, políticos, etc. La Barranca también se vio muy afectada por las sangrientas represalias políticas. En el caso de Estella, la represión tuvo una gran significación por afectarle a un alcalde muy querido, Fortunato Aguirre (P.N.V.). Fue detenido en julio y encarcelado en Estella, en el Palacio románico de los Duques de Granada y Ega. De allí lo sacaron en septiembre de ese mismo año para asesinarlo. Antes lo habían hecho con el jefe de la policía municipal, Sr. Ros. Ambos habían tenido un enfrentamiento con los falangistas de la ciudad unos meses antes.